SENTENCIA CONSTITUCIONAL 982/2002-R

     Explica que el Juez recurrido funda su determinación en que la Jueza a quo “oficiosamente dispuso el enjuiciamiento penal contra Fernando López Marcó y Félix Vargas López”, por un delito que no denunció el querellante y que tampoco tomó en cuenta los antecedentes existentes entre el querellante y el propietario del inmueble en que vive, sobre la sentencia de desalojo que ordena el pago de los alquileres y  desocupe el inmueble en treinta días. Empero -continúa- el Juez demandado no ha estimado que la denuncia inicial la formuló por robo y despojo agravado y amplió su querella por el delito de despojo, lo que demuestra que esa autoridad “no ha leído el proceso”, además que la sentencia emitida en el proceso de desalojo, no está ejecutoriada.