SENTENCIA CONSTITUCIONAL 982/2002-R

III.6.  Finalmente, la existencia de un proceso -aún no fenecido- de desalojo contra el recurrente no es motivo legal suficiente para revocar la decisión de  la Jueza de la Instrucción Penal que declaró improbada la cuestión previa opuesta por los imputados,  pues  aquel juicio tiene una finalidad diferente a la perseguida en el proceso penal, no pudiendo confundirse los alcances que cada uno, en particular, tiene.