SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1058/2002-R

III.5.   Por consiguiente, en el caso objeto de revisión, se tiene constatado, por una parte, que los denominados “cogoteros” constituyen una organización que opera a nivel nacional,  existiendo diversos procesos que se  han instaurado en su contra por  la actividad ilícita en que incurrieron, así como otros casos que están siendo investigados; y por otra, que estas organizaciones criminales, a fin de  cometer los ilícitos, incurren en vejaciones, torturas y en la mayor parte de los casos, en secuestros de sus víctimas, encuadrándose de ese modo, su  accionar, a lo tipificado por el art. 132-bis CP.

III.5.  No obstante lo  expresado precedentemente, sobre la falta de notificación legal al Alcalde para la sesión de 14 de junio, al haber entregado en 27 de junio, bajo inventario, los bienes y documentos que se encontraban a su cargo como Alcalde Municipal, al nuevo Ejecutivo elegido el 14 de junio, por una parte, y al  solicitar su reincorporación al seno del Concejo Municipal, por otra, se evidencia a todas luces que el recurrente aceptó la nueva situación generada por los actos que ahora denuncia mediante el presente amparo constitucional, razón por la que deberá aplicarse el art. 96-2) LTC que determina que este recurso  no procede contra los actos consentidos libre y expresamente, constituyendo éste el fundamento que determina la improcedencia del amparo, y que impide ingresar al análisis de los demás actos presuntamente ilegales que acusa el actor.