SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1093/2002-R

III.6.   En lo referido a la omisión de intervención fiscal y la supuesta falta de fundamentación de la resolución que dispuso el apremio del obligado con facultad de allanamiento, tales extremos no son evidentes, dado que en ninguna norma del Código de Familia -que es la ley especial y aplicable al caso particular- se  determina la obligatoriedad de la participación fiscal en la emisión de un mandamiento de apremio con la facultad mencionada, por una parte, y por otra, el Auto de  4 de junio de la presente gestión, contiene la fundamentación  requerida para casos como el sometido a revisión, en el que, emitido el mandamiento de apremio, no pudo ser ejecutado  al no ser habido el obligado, en mérito de lo que el Juzgador, en uso de sus específicas y privativas atribuciones, ordenó se libre el mandamiento con potestad de allanamiento. Corroborándose de esa forma la  improcedencia de este recurso extraordinario.