SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0020/2003-R

En la demanda presentada el 19 de octubre de 2002 (fs. 42-46), el recurrente manifiesta que desde el 1 de septiembre de 1993  ingresó a trabajar en la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz (SEDUCA), siendo asignado posteriormente a realizar diferentes actividades, prestando apoyo,  por último, a la Unidad de Asesoría Legal en su calidad de egresado de Derecho, hasta que el 2 de mayo, al apersonarse a marcar su tarjeta no la encontró, siendo informado verbalmente por el Encargado de Recursos Humanos que su contrato había expirado y que ya no era funcionario regular del SEDUCA,  no obstante haber trabajado normalmente hasta el 1 de mayo, por lo que se entrevistó y presentó una carta a la autoridad recurrida reclamando y haciendo constar la vulneración de sus derechos ya que tenía ocho años de trabajo ininterrumpido, pero al no obtener respuesta,  envió una nota a la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, indicando que había sido retirado ilegalmente, por lo que pedía su restitución con goce de haber, pero tampoco obtuvo contestación, frente a lo cual, mediante nota de 24 de julio de 2002, se apersonó al Director de Desarrollo Social de la Prefectura, quien pidió informe a la autoridad recurrida que ésta nunca presentó.

Recalca que agotó todas las instancias para lograr la restitución de sus derechos conculcados, habiéndose sometido al único requisito para seguir cumpliendo funciones en el cargo, cual es un examen de evaluación en el que obtuvo el mejor puntaje, toda vez que al estar desempeñando funciones en la misma entidad sin interrupción por siete años o más, es un funcionario de carrera como señala el art. 70.a) y b) del Estatuto del Funcionario Público (EFP), norma que también ha sido violentada. Asimismo, añadió que su destitución fue fulminante, sin comunicación escrita, provocándole indefensión ya que no existe causa alguna para dicha acción, ni tampoco un proceso disciplinario o sumario investigativo en su contra.