SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1631/2003-R

III.7   De esa manera la autoridad recurrida ha vulnerando el debido proceso (que empieza con la notificación al imputado con la imputación formal, SC 1036/2002-R citada precedentemente), el derecho al trabajo y ha coartado el   derecho a la defensa  del imputado, previstos en  los arts. 7.d), y 16.II y IV CPE, por lo que se abre la competencia del amparo constitucional para brindar  protección inmediata al mismo.