SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1751/2003-R

Los recurrentes indican que dentro del proceso penal que les siguió Thomas Porr, fueron condenados a sufrir la pena de dos años y seis meses de reclusión, y favorecidos con la suspensión condicional de la pena, la que fue anulada por el Tribunal Constitucional al haber sido pedida solamente por el abogado sin ser apoderado y, realizado un nuevo trámite la jueza hoy recurrida vuelve a concederles dicho beneficio fundada en el art. 366 CPP en aplicación tácita de la ley más favorable, pero incongruentemente concede el recurso de apelación a la parte civil en aplicación del art. 285 CPP. 1972, cuando ellos, de conformidad al art. 33 CPE, piden la aplicación de las normas establecidas en la Ley 1970 por ser la más favorable. Por otra parte, señalan que el querellante no tiene derecho a recurrir en razón de que el art. 24 de la Ley 1970, faculta solo al imputado a formular apelación. Por tanto corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes y si ameritan la protección que brinda el art. 19 CPE.