SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0499/2003-R

“Los principales dirigentes de centrales nacionales, confederaciones y federaciones de trabajadores, serán declarados en comisión caso por caso, mediante resolución ministerial expresa, con goce de ciento por ciento de sus haberes y demás beneficios sociales, mientras desempeñen funciones sindicales Se podrá  también declarar en comisión a los dirigentes de las federaciones departamentales, siempre y cuando pertenezcan a diferentes fuentes de trabajo. Se podrá declarar en comisión, excepcionalmente a dos dirigentes de una misma empresa, dependiendo del número de trabajadores del centro laboral. Esta restricción no rige para los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, confederaciones ni federaciones nacionales”.

 Asimismo -según anotamos precedentemente- intenta el demandante lograr que el Tribunal ingrese a analizar y valorar  la prueba que ha sido aportada en el  proceso laboral  en el que resultó perdidoso, no otra cosa significa que, pese a no evidenciarse la vulneración de ninguno de sus derechos ni garantías fundamentales, quiera lograr la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia, extremo que no es admisible en derecho porque las referidas resoluciones han sido dictadas en un proceso en el que ambas partes  han aportado sus pruebas y han tenido la oportunidad de  demostrar sus  pretensiones en un trámite llevado  según lo  dispone el ordenamiento jurídico.

“...la facultad de valoración de la prueba aportada corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes...” (SSCC 1274/2001-R, 577/2002-R, 1367/2002-R, entre otras).

Asimismo, cabe recordar que si bien mediante el amparo se pueden declarar nulas las resoluciones o fallos judiciales que aparentemente revistan la calidad de “cosa juzgada”, esa potestad está limitada únicamente a los casos en que se evidencie con certeza la vulneración de derechos y garantías fundamentales indiscutidos ya sea en la tramitación  de la que haya emergido el fallo  o en su contenido mismo, lo que no acontece en el caso de autos, en el que no se evidencia ilegalidad alguna que acarree la procedencia del presente recurso constitucional.