SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1056/2003-R

III. 3   El Fiscal recurrido, requirió al Director Nacional de INTERPOL Bolivia proceda a la aprehensión de la recurrente con fines de extradición, cuando de un lado, él no tiene facultad que emane de la ley para ordenar tal medida; pues, al contrario, por expresa determinación del 156 CPP, la solicitud de extradición (extradición activa) debe ser decretada por el Juez o tribunal del proceso, a petición del fiscal o del querellante, cuando exista imputación formal del delito y, también de oficio, cuando exista sentencia condenatoria, y de otro, que la misma no tenía el status de imputada al no existir ninguna investigación abierta en su contra, conforme lo reconoce el mismo fiscal recurrido en su informe. Es más, en el requerimiento de fs. 33 se aprecia una clara falsedad ideológica, al referir datos que no constan en el expediente.