SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1193/2003-R

III.3 Por lo anteriormente señalado, la Ordenanza impugnada vulnera no sólo el derecho de propiedad, sino que esencialmente atenta contra la seguridad jurídica,  que constituye uno de los derechos fundamentales de las personas (entendida como exención de peligro o daño; solidez, certeza plena, firme convicción) siendo deber del Estado y sus instituciones brindar esa seguridad a los ciudadanos de modo que todos ellos puedan disfrutar del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que les reconocen la Constitución y las leyes, conforme a los principios inspirados en un orden jurídico superior que resulta ser el Estado de Derecho.