SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0024/2004 -R

            (..) sin embargo cuando en la solicitud del interesado se pide una declaración contra otra persona, la autoridad judicial no podrá dar curso a ese pedido unilateral, por ser evidente la existencia de una controversia, debiendo en tal situación tramitarse el proceso contencioso correspondiente, en el que el demandado podrá asumir una amplia defensa y la resolución judicial a pronunciarse produzca efectos obligatorios y vinculantes tanto para el solicitante o demandante como para el demandado” (las negrillas han sido marcadas).

            Conforme al entendimiento jurisprudencial anterior, se tiene que es cierto y evidente que una autoridad judicial puede dar curso a un pedido unilateral de una persona a fin de darle certeza y legalidad a ciertos actos jurídicos con los que no se lesionen ni afecten derechos de nadie; sin embargo, de ello en situación inversa, cuando exista una solicitud de una parte para que la autoridad judicial ordene o disponga algo en contra de otras personas que no han tenido intervención, la autoridad judicial ordinaria no puede dar curso a lo pedido, porque de ser así se afectaría derechos e intereses legítimos de otros que no hayan tenido posibilidad de asumir defensa y en su caso impugnar esa decisión.

En el caso que motiva la interposición del presente amparo, María Consuelo, Arnoldo y Pedro Alfonso Ocampo Young solicitaron al Juez recurrido cancelación de notas marginales y las partidas 53 y 54 del Libro de Propiedades Rústicas de 1992, correspondientes a las inscripciones que realizaron otras personas; pedido que se dio curso el Juez recurrido que dictó el Auto de 3 de junio de 2003 impugnado, a través del que ordenó la cancelación solicitada, que están asentadas en las Partidas 53 y 54, que fueron inscritas -entre otros- a favor de los recurrentes Ponciano Villalobos, Saúl Wilde Sánchez y Norah Elga Bernal. Con esa determinación es evidente que el Juez recurrido ha cometido un acto ilegal, pues a simple pedido de parte dio curso, a lo que se solicitó, cancelando partidas que corresponden a las inscripciones de las propiedades de otras personas, como son los recurrentes, quienes no tuvieron ninguna posibilidad de asumir defensa y expresar las razones o el por qué consideraban que no debía cancelarse sus inscripciones, lesionándose con ello sus derechos a la defensa e impugnación, consagrado en el art. 16.II CPE, lo que hace viable otorgar la protección solicitada.