SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1827/2004-R

El recurrente afirma que se vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, propiedad privada, defensa y al debido proceso, al señalar que pese a sus reiteradas solicitudes para acceder al Programa Voluntario y Excepcional de Regularización de Automotores de una camioneta de su propiedad, la que según informe de DIPROVE, está registrada como robada en la Argentina, el Fiscal recurrido se niega a dar curso a su legalización, pese a haber transcurrido más de ocho meses, habiendo por requerimiento de 21 de junio de 2004 dejado sin efecto todo lo obrado, imprimiendo un nuevo trámite al conminar la presentación de documentos tanto a la empresa aseguradora como a la persona a la que vendió el vehículo, no obstante que éste volvió a su poder, y que finalmente, para rematar sus actos ilegales, por requerimiento de 21 de julio de 2004, dispuso la restitución del motorizado a una compañía de seguros del indicado país. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 de la CPE.