SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0316/2004-R

En el recurso presentado el 28 de enero de 2004, cursante de fs. 112 a 115, el recurrente sostiene que mediante Escritura Pública 60 de 15 de abril de 1993, los accionistas de la Sociedad Minera denominada “COLAS 90 Ltda.”, transfirieron sus cuotas de capital y modificaron la escritura original de dicha empresa,  designando, en la cláusula séptima, a Michael Sharma como Gerente General y representante legal. Dicha escritura pública, de acuerdo al art. 25 del Código de comercio (Ccom), fue inscrita en el registro conocido como FUNDEMPRESA y también en el Registro Minero. Bajo ese ámbito, fue contratado como Administrador de la señalada empresa, con todas las prerrogativas señaladas en la Escritura 215/93 y, en virtud a ellas, asumió defensa de los intereses de esa entidad jurídica en el proceso laboral instaurado por Aurelio Nina Ramos. Luego de varios años como Administrador, ante el estado calamitoso en que se desenvolvía la empresa, se retiró de sus funciones, por lo que el 3 de septiembre de 2002, fue revocado el mandato a él otorgado, dejando de ejercer la representación de la Empresa “COLAS 90 Ltda.”, retomando esas prerrogativas el principal directivo, Michael Sharma.

Expresa que la demanda del trabajador Aurelio Nina se consolidó mediante Auto Supremo de 2 de marzo de 2002, y la Sentencia, que estableció que “COLAS 90 Ltda.” debía cancelar a favor de ese trabajador la suma de $US2.166,66.- adquirió calidad de cosa juzgada, expidiéndose mandamiento de apremio contra su persona, sin que el Juez ahora recurrido tuviera en cuenta que Michel Sharma reasumió su representación legal; toda vez que éste se apersonó ante su Juzgado el 3 de septiembre de 2002 y el Juez recurrido lo tuvo por apersonado mediante providencia de 10 de diciembre, que sin embargo fue dejada sin efecto mediante Auto de 6 de noviembre de 2003, en virtud a la reposición bajo alternativa de apelación planteada por el demandante, pese a que Michael Sharma adjuntó la escritura 60/93 donde se establece la conformación de la empresa y las facultades de éste como representante legal; en consecuencia, la autoridad recurrida le está obligando al pago de sueldos devengados sin ser ya mandatario, ni representante de una persona jurídica.