SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0525/2004-R

En el memorial presentado el 11 de septiembre de 2003 (fs. 25 a 32), el recurrente aduce que en su condición de funcionario del LAB ha sido acusado por el Gerente General de ser miembro de una banda delictiva de tráfico de ciudadanos colombianos a Estados Unidos, con conexiones en La Paz, sin que exista prueba alguna que apoye esa afirmación, sino únicamente el informe de un Policía de Interpol que no ha podido sustentar su denuncia.

Señala que como funcionario del LAB no tiene atribución de investigar o identificar si la documentación de un pasajero es legal o no y menos establecer si está adulterada o modificada; no obstante ha sido sometido a un proceso administrativo interno en el que no se le ha permitido ser asistido por un profesional abogado.

Agrega que la Resolución emitida en el sumario administrativo interno es totalmente parcializada, incoherente, contradictoria y no ajustada a derecho porque no ha considerado la abundante prueba de descargo presentada por su parte ni el hecho de que Migración cambia constantemente los cintillos de seguridad de los pasaportes; igualmente -dice- contiene apreciaciones alejadas de la verdad como el supuesto daño económico causado al LAB y su desprestigio ante entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, todo lo que es falso.