SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0716/2004-R

El recurrente arguye que  los Concejales recurridos le obligaron con arma de fuego a presentar su renuncia como Alcalde Municipal, habiendo luego elegido a su reemplazante en forma ilegal, actos que a su juicio lesionan sus derechos fundamentales, al trabajo a ejercer  una función pública y a la seguridad jurídica,  situación que habría denunciado, sin éxito, ante el Ministerio Publico, la Corte Electoral y el Concejo Municipal y, finalmente, al Banco Unión, a este último, con el fin de evitar que se dé curso a la habilitación de firmas para el manejo de cuentas corrientes. Por consiguiente, corresponde analizar si los supuestos actos ilegales son evidentes y si se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 19 de la Constitución Política del Estado (CPE).