SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1454/2004-R

Posteriormente el  25 de abril de 2003, Roxana Arispe Crespo de Gutiérrez,  en su representación, se apersonó al proceso con Poder notariado y suscitó incidente de nulidad, arguyendo falta de notificación con la demanda y la Sentencia, que fue resuelto mediante Auto de 12 de junio de 2003, en el que  se desvirtuó todos los puntos del incidente que son los mismos que ahora plantea, Resolución contra la que interpuso el recurso de apelación  que fue concedido por la Jueza recurrida,  sin embargo por falta de provisión de  recaudos de Ley, conforme a lo previsto por el art. 242 y 243 del CPC quedó ejecutoriado, lo que demuestra que la recurrente dejo precluir su derecho  en forma voluntaria consintiendo libremente en su ejecutoria, por consiguiente no agotó todos los recursos ordinarios que la Ley le franquea. Por lo que el recurso de amparo resulta improcedente por la supuesta falta de citación, en aplicación de lo previsto por los citados  arts. 96.2 y 3 de la LTC.

         Por otra parte  la recurrente en el memorial de apelación del Auto de  8 de agosto de 2003, (fs. 8), pretende en los hechos nuevo pronunciamiento sobre la  nulidad  de citación cuando ese aspecto quedó ejecutoriado y con autoridad de cosa juzgada por su propia negligencia, la Jueza de Instrucción recurrida al dictar el referido Auto disponiendo día y hora de audiencia de remate, ha obrado conforme a los datos del proceso y las normas  aplicables al caso.

Por su parte el Juez de Partido recurrido,  al pronunciar  la Resolución de 24 de noviembre de 2003 confirmando el mismo, igualmente ha obrado de acuerdo al procedimiento previsto para los procesos coactivos civiles, al evidenciar que la inferior en grado adecuó sus actos al mismo. Puesto que la recurrente no ha cumplido con la carga procesal de demostrar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora de la Asunción” Ltda.  y la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Asunción” Ltda., sean dos instituciones diferentes, por lo que ese argumento resulta impertinente, considerando  que la  uniforme jurisprudencia constitucional  ha señalado entre otras en la SC 613/2002-R, de 27 de mayo, que el recurrente  tiene la carga procesal de demostrar los actos ilegales que acusa cuando señala que:  “...el Amparo Constitucional es improcedente, debiendo mencionarse que es el recurrente  quien debe demostrar el  acto ilegal o la omisión indebida que, a criterio suyo, vulneraría los derechos y garantías reconocidos en la Ley Fundamental del país”, lo que no ocurre en el caso de autos”.

En consideración a que el último actuado cuestionado por la recurrente es  la Resolución de  24 de noviembre de 2003, dictada por el Juez de Partido recurrido, se infiere, que la notificación con la misma. es posterior, por lo que no se puede fundar la improcedencia del presente recurso en la  falta de inmediatez, pues el mismo ha sido interpuesto dentro de los seis meses de  la última resolución.