SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1256/2005-R

La recurrente solicita tutela a los derechos a la seguridad jurídica, a la garantía del debido proceso y a la “inalterabilidad de los procedimientos judiciales” de su representado, denunciando que fueron vulnerados por las autoridades recurridas, puesto que dentro del proceso disciplinario seguido a denuncia de su representado contra el juez Einar Angelo Lijerón y una vez dictada la Resolución por el Tribunal Sumariante, interpuso recurso de apelación contra esa Resolución; sin embargo los recurridos al pronunciar Resolución 214/2004, de 31 de agosto que confirmó la Resolución final, no consideró ninguno de los dieciseis argumentos de su apelación, que demuestran el error incurrido por el Tribunal Sumariante en la sanción impuesta, puesto que sólo tomó en cuenta la apelación formulada por el Juez denunciado. Asimismo, rechazaron su solicitud de enmienda y complementación que presentó. En consecuencia, corresponde determinar si los hechos demandados se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 19 de la CPE.