SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1337/2005-R

El 13 de noviembre de 2004, fue ilegalmente aprehendido y luego puesto en libertad, por su supuesta participación en un homicidio ocurrido el 26 de septiembre de 2004; a partir de dicha detención la Fiscal y el investigador asignados al caso proporcionaron todos sus datos a los medios de comunicación sindicándolo directamente como autor del homicidio y le informaron verbalmente que existían suficientes elementos de convicción para acusarlo del hecho, pues se contaba con la declaración de testigos que lo identificaron como el autor del disparo del arma de fuego, además de existir informes de balística y de guantelete; empero, pese a sus reiteradas solicitudes, incluso las efectuadas ante el Juez cautelar, se deniega proveerle el conocimiento de dichas supuestas pruebas.

Continúa manifestando que en el cuadernillo de investigaciones no existe la supuesta prueba en su contra, la misma que a su criterio estaría siendo ocultada para luego ser usada en un probable juicio oral, impidiendo con ello tanto el Ministerio Público como la Policía su defensa eficaz en la etapa preparatoria; asimismo, el investigador asignado al caso se ha negado a tomar declaración a los testigos presentados de su parte, mientras que la Fiscal recurrida le ha negado su derecho a ofrecer prueba pericial balística, químico legal, necropsia y otros para establecer cómo ocurrieron los hechos y confrontarlos con las versiones de los testigos, pues no existe elemento alguno a fin de que sus peritos puedan demostrar su veracidad o falsedad, ya que no se quiere poner en su conocimiento ni siquiera el calibre del arma utilizada y la marca de las vainas.

Finaliza señalando que de su parte proporcionó datos para ser investigados y ofreció prueba sobre los hechos, desvirtuando los elementos probatorios existentes en su contra, pero la Fiscal recurrida tiene su propia versión de cómo sucedieron lo hechos, ocultando y negando informar sobre la supuesta prueba y la forma en que fue obtenida, siendo que la imputación formal en su contra se practicó el 26 de noviembre de 2004 y hasta la fecha de presentación del recurso han transcurrido cuatro meses y los recurridos se han limitado a anunciar la presentación de la acusación y la existencia de la prueba que su persona reiteradamente ha reclamado sea exhibida para que pueda defenderse, pues mínimamente para ello debe conocer los argumentos y partícipes de la información obtenida en su contra, pero su solicitud no ha sido concedida por la Fiscal ni por el investigador asignados al caso