SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0120/2005-R

El recurrente manifiesta que la autoridad judicial recurrida atentó contra  los derechos a la vida, a la salud y a la libertad de su cliente, pues hasta la fecha no fue notificada con la imputación formal, dejándole en estado de indefensión, agregando que pese a haberse demostrado que su representada tenía veinte semanas de embarazo, el Juez de Instrucción en lo Penal de Montero dispuso su detención preventiva. Posteriormente, acompañando certificados médico-forense, domiciliario, laboral y de antecedentes, pidió al Juez la aplicación de medidas sustitutivas, petición que no fue resuelta ni atendida. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales extremos son ciertos y si ameritan o no la protección que brinda el art. 18 de la CPE.