SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0452/2005-R

”(…) quien ha sido objeto de esa lesión (al debido proceso), debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

En el caso examinado, el recurrente pretende que se analice la acusación formal presentada por el Fiscal demandado, argumentando que ésta fue formulada sin ningún fundamento legal, sin una correcta evaluación de los requisitos y formalidades de ley, y después de nueve meses de que se planteó la imputación formal; en sí, pretende que este Tribunal corrija la supuesta errónea acusación formal; aspecto que, conforme al entendimiento jurisprudencial glosado debe ser reclamado al juez que conoce el proceso penal, concretamente al juez cautelar que de acuerdo al art. 54 del CPP, está encargado del control de la investigación y, por ende, de velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes en la etapa investigativa. En consecuencia, respecto a este punto tampoco es posible analizar el fondo del recurso planteado; máxime si se evidencia que a consecuencia de la supuesta lesión al debido proceso, no se ha colocado al recurrente en estado de indefensión, ni que a consecuencia de ello haya sobrevenido la privación o amenaza a su libertad, única excepción posible establecida por la jurisprudencia para analizar las vulneraciones al debido proceso a través del hábeas corpus.