SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0527/2005-R

Por memorial presentado el 29 de marzo de 2005, cursante a fs. 1 y vta., el recurrente asevera que en febrero de 2000 fue favorecido con libertad bajo fianza juratoria por retardación de justicia, y como consecuencia de un nuevo delito, fue detenido preventivamente desde el 6 de agosto de 2004 por orden del “Juez Cautelar de Instrucción Primero” (sic.), autoridad que declinó competencia siendo remitida la causa a la localidad de Puerto Rico.

El 26 de febrero de 2005, vencido el término de la investigación en el segundo proceso, se desarrolló la audiencia conclusiva para considerar la aplicación de un criterio de oportunidad que fue rechazado por la Jueza de Instrucción Mixta, Liquidadora y cautelar de Puerto Rico, quien conminó al Ministerio Público a presentar acusación u otro requerimiento; orden que al no ser cumplida, dio lugar a que la referida autoridad por Auto de 7 de marzo de 2005 declare la extinción de la acción y ordene su libertad, que se hizo efectiva el 18 del mismo mes y año. Sin embargo, el 22 de marzo de 2005 cuando fue a recoger sus objetos personales al penal, fue nuevamente detenido debido a un informe de la autoridad judicial recurrida en sentido de que si bien era cierto que en el segundo proceso se extinguió la acción y se dispuso su libertad, existía en su contra otro proceso pendiente, extremo que si bien es cierto, corresponde al trámite en que se dispuso su libertad por retardación de justicia, lo que implica que a la fecha se encuentra privado de su libertad, pese a no existir en su contra ningún mandamiento de detención. En ese entendido, solicitó se disponga su libertad, petición que fue rechazada por la autoridad judicial demandada incumpliendo lo previsto por el art. 18 de la Ley de ejecución penal y supervisión (LEPS).