SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0756/2005-R

La autoridad recurrida en el informe cursante de fs. 136 a 139 sostuvo lo siguiente: a) el 20 de octubre de 2004, ingresó a su despacho el exhorto suplicatorio dictado por la Jueza Primero de Partido de Familia de La Paz, quien le solicitó la ejecución de la división y partición del hato de ganado, en una cantidad aproximada de 5.500 cabezas de ganado vacuno, y 150 cabezas de ganado caballar de carácter ganancial, de los esposos José Gutierrez Basadre -ahora recurrente- y Blanca Rivadeneira Prada, emergente de un fenecido proceso de divorcio que siguió esta última; b) en atención a lo solicitado en el exhorto, se fijó para el 3 de noviembre de 2004 la audiencia correspondiente, siendo notificadas ambas partes, en la cual se dispuso la colaboración por una parte, de un veterinario, para la selección del hato por edad y de esa manera garantizar una correcta división y partición, por otra de la Policía Rural para resguardar el orden en caso necesario y de personal para el trabajo así como la concurrencia de otras personas de haciendas vecinas para que reconozcan su ganado que se hubiere entremezclado con los semovientes objeto de la división y participación; c) al no existir en el exhorto inventario o acta a que hace referencia la Resolución 046/2001, ésta fue solicitada a la parte interesada quien la presentó en el despacho; d) posteriormente, el recurrente pidió se rechace la ejecución del exhorto y se suspenda la audiencia señalada, con el fundamento de que debía esperarse la resolución dentro de un proceso penal que interpuso conforme lo previsto por los arts. 1289 y 1291 del Código civil (CC), solicitud que no fue deferida, por cuanto sólo se cumplía con lo requerido en el exhorto y que cualquier observación debía ser planteada ante la autoridad que conoció el proceso principal, lo que motivó que el recurrente pida reposición, solicitud que tampoco fue atendida, por cuanto en la fase de ejecución no se admite el recurso de reposición, además debió ejercer ese su derecho en el despacho de origen que conoce el proceso de ejecución.