SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0081/2006-R

III.1. El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que   otorga protección contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de     funcionarios y particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o    suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la        Constitución y las leyes, siempre que no hubiera otro medio o recurso legal          para la protección inmediata.

A fin de dilucidar adecuadamente la problemática planteada, corresponde con carácter previo efectuar algunas precisiones, respecto a los alcances de los derechos y garantías invocados como lesionados, desde la perspectiva constitucional, para luego hacer el contraste con el acto que se denuncia como lesivo. En este cometido se tiene que en cuanto al derecho a percibir un salario justo este Tribunal ha desarrollado el siguiente entendimiento jurisprudencial, al señalar que: “(...) consiste en la potestad o facultad que tiene toda persona de recibir una retribución o contraprestación adecuada conforme al trabajo desarrollado, es decir, un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor. Empero, este derecho es concurrente al derecho al trabajo, no es independiente de este último, toda vez que se genera y se constituye en el momento en que la persona desarrolle una actividad o trabajo por cuenta de otra persona o del propio Estado” (SC 1612/2003-R, de 10 de noviembre).