SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1000/2006-R

La recurrente afirma que la autoridad demandada conculcó sus derechos a la dignidad, a la seguridad jurídica, al trabajo, a la presunción de inocencia, a la defensa y la garantía del debido proceso, por cuanto ante una denuncia por supuesto cobro indebido, no correspondía dictar Auto de Procesamiento alguno, sino aplicar  directamente una multa, conforme a Reglamento, pero la Directora Departamental de Registro Civil, actuando extemporáneamente, dictó el hoy impugnado Auto de Procesamiento en su contra; por otra parte, en ese Auto de Procesamiento se dispuso la suspensión de sus funciones mientras se sustancie el proceso sumario, lo que constituye una sanción anticipada; finalmente, asevera que si bien la denuncia alude a un cobro indebido, la recurrida dispuso el inicio del proceso en su contra por una causal diferente como es la alteración de nombres o de partidas que no hayan sido salvadas legalmente; que, pese a que esas irregularidades fueron reclamadas ante la autoridad recurrida, ésta persiste en su determinación. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 de la CPE.