SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1134/2006-R

El recurrente acusa que las autoridades recurridas vulneraron los principios de legalidad, y celeridad procesal y la garantía del debido proceso, al haber rechazado su solicitud de extinción de la acción penal, mediante  Resolución 261/2005, de 30  de mayo, sin fundamento alguno, refiriendo que la dilación del proceso es atribuible a los imputados, sin tomar en cuenta que el órgano jurisdiccional señaló audiencias que contradicen el principio de celeridad y que tanto el Ministerio Público como el Juez  retuvieron el expediente por más de tres meses, el primero para requerir en conclusiones, y el segundo para dictar Sentencia. En ese sentido corresponde en revisión analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.