SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0446/2006-R

III.3  En el presente caso, el recurrente  arguye que el Fiscal ahora demandado ha negado continuar el proceso de nacionalización o regularización impositiva del vehículo que reclama como suyo, señalando que existe denuncia de robo en la Argentina, pese a que no estaba  aún en vigencia el Acuerdo de Asunción para devolución de vehículos, cuando comenzó  el aludido proceso.

De los datos que informan el cuaderno procesal y de conformidad a lo informado por la autoridad recurrida, se tiene que ésta negó continuar el trámite de nacionalización del motorizado de Walter Gerardo Montán Torres, no obstante que por Resolución 082/2004, de 4 de octubre, el Fiscal, Antonio Hinojosa  informó al Juez cautelar, el rechazo de actuaciones en el proceso abierto contra  el hoy recurrente, y mediante Auto de 28 de octubre de 2004, el Juez cautelar señaló que, con el informe del Fiscal en sentido que no se impugnó la Resolución de rechazo, corresponde el archivo de obrados, de manera que el Fiscal hoy demandado adoptó una decisión que no se encuentra dentro de la esfera de sus atribuciones, incurriendo en vulneración del derecho a la seguridad jurídica, entendida como la "(...) condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio" (AC  0287/1999-R, de 28 de octubre); en cuyo mérito corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 19 de la CPE.