SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0564/2006-R

         El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes siempre que no exista otro recurso o vía legal para demandar el respeto de tales derechos.

         “…corresponde recordar por una parte que el Tribunal Constitucional ha establecido que la jurisdicción constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo a los medios de defensa judicial o administrativo que la Ley dispensa a los ciudadanos dentro de los procesos judiciales; en ese contexto, el art. 19.IV de la CPE establece que se: (…) concederá el amparo siempre que no hubiera otro medio legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados (…)  formulación general que ha sido precisada, por el art. 96-3) de la LTC que señala: “El recurso de amparo no procederá contra las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso, regulación que permitió complementar la configuración procesal del recurso de amparo”.

         De las previsiones constitucional y normativa, se desprende que el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer deficiencias de esa vía ordinaria.

         Siempre dentro de este contexto este Tribunal precisó las sub reglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad en la SC 1337/2003, de 15 de septiembre, cuando: “1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa….”.