SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0749/2006-R

La recurrente alega la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso reconocidos por los arts. 7 inc. a) y 16.IV de la CPE, por cuanto el Superintendente Tributario a.i. Regional de Santa Cruz rechazó el recurso de alzada interpuesto contra el “Auto definitivo de declinatoria” (sic) emitido por el Gerente Regional de la Aduana Nacional Santa Cruz, con el fundamento de que ésta determinación sólo sería una “medida preliminar”, constituyendo este rechazo un acto ilegal y una omisión indebida por el que cabe establecer si la Resolución pronunciada es o no un acto definitivo de carácter particular susceptible del recurso de alzada ante la autoridad recurrida. Al efecto explica que al haber sido notificada con una Orden de Fiscalización emitida por el Gerente Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional para la verificación de operaciones aduaneras realizadas en el período comprendido entre 1996 y 2000, opuso ante el Gerente Regional de Aduana Nacional la excepción de prescripción por haber transcurrido más de cinco años (desde que se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria aduanera), período que nuevamente se pretende fiscalizar, supuestamente en cumplimiento de la SC 888/2004-R, de 8 de junio sin considerar que la Administración Aduanera ha provocado la prescripción de la facultad de fiscalizar, al haber interrumpido sin causa que la justifique, un trámite de determinación de tributos iniciado con órdenes de fiscalización desconocidas, pretendiendo cubrir deficiencias y actos nulos. Por otra parte, la recurrente en audiencia añadió que Ley de Procedimiento Administrativo no es aplicable a la Zona Franca, por no tener ésta la condición de administrada sino de concesionaria de acuerdo a la SC 1721/2003-R y que, ante el vacío normativo en cuanto a la impugnación descrita en el caso presentado, debe tomarse en cuenta supletoriamente el Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 de la CPE.