SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0840/2007-R

El recurrente solicita la tutela de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad privada, a la remuneración justa, a la defensa y de la garantía del debido proceso, consagrados por los arts. 7 incs. a), d), i) y j) y 16.II y IV de la CPE, denunciando que fueron vulnerados por la autoridad judicial recurrida puesto que: En el proceso ejecutivo seguido contra Mario Mercado Rocabado y Elisa Egüez de Mercado, formalizó oposición al desapoderamiento acompañando prueba sobre su designación como administrador solidario de la granja lechera establecida en los terrenos que se intentaban desapoderar, declarando además que fue autorizado a ejercer la posesión y ocupación irrestricta de dicha granja y terrenos hace más de nueve años; sin embargo, por Auto de 6 de junio de 2006, la citada autoridad rechazó ilegalmente la oposición presentada, sin la correcta sustentación, y omitiendo todo fundamento generalizando indebidamente las situaciones previstas por el art. 45.II de la LAPCAF sin advertir las dos situaciones alternativas claramente diferenciadas y excluyentes previstas en dicha norma legal y omitiendo  por completo el considerar la segunda situación que permite proteger contra el indebido desapoderamiento a los poseedores, ocupantes y otros en virtud de documento de fecha cierta, por otra parte, el referido Auto de 6 de junio de 2006 es nulo de pleno derecho por haber actuado la autoridad recurrida sin competencia ya que el proceso ejecutivo se ordinarizó radicando la causa ante el Juzgado Noveno de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Cochabamba, así como también las ejecutantes interpusieron interdicto de adquirir la posesión que radicó ante el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Civil de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba; asimismo la ilegalidad se agravó pues no existe acta de embargo que demuestre su ejecución y sin considerar ello, el recurrido cohonestó que se lleve a cabo el remate y adjudicación ilegal del inmueble, cuya posesión y ocupación ostenta legítimamente, precipitando un desapoderamiento arbitrario e ilegal; en ese sentido, habiendo la orden de entregar el mandamiento de desapoderamiento, existe la certidumbre de causarle graves e irreparables perjuicios, sumiéndolo junto a su familia en la privación ilegal de su única fuente de trabajo y subsistencia, situación que por su gravedad corresponde ser protegida con inmediatez y eficacia a través del presente recurso de amparo constitucional. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.