SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0115/2007-R

III.3.   Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. 

En esa comprensión, el Juez ahora recurrido, ha efectuado una valoración de la prueba existente en el incidente accionado por el recurrente, arribando a la conclusión de que el derecho propietario del representado en el recurso no existía, porque el vehículo objeto del incidente pertenecía a Eusebio Ledezma, por tanto podía ser incautado; analizada tal decisión y valoración de los documentos probatorios que indujeron a esa conclusión, se establece que no existe ninguna observación por parte del recurrente a la inexistencia de dichos documentos, por tanto se presumen que existen, siendo por tanto verificable que el objeto y sentido jurídico de los mismos, es el que asumió el Juez recurrido para tomar su decisión; dicho de otro modo, el Juez recurrido basó su decisión en documentos probatorios existentes, que reflejan el hecho-argumento utilizado para fundamentar su decisión; en ese estado de cosas, no corresponde que este Tribunal ingrese a cuestionar la valoración efectuada por la autoridad de primera instancia recurrida.