SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0115/2007-R
Fecha: 07-Mar-2007
III.5.
III.5. En cuanto a la lesión o vulneración de los derechos al trabajo y a la propiedad privada, se debe manifestar que tales prerrogativas, al igual que todos los demás derechos, pueden ser limitados; así está prescrito por las normas del art. 7 de la CPE, al disponer que los derechos que proclama se ejercen conforme las leyes que los reglamentan. Ahora bien, una de esas limitaciones de los derechos a la propiedad privada y al trabajo, se da cuando se encuentran sometidos a una controversia judicial, pues el objeto de ésta es precisamente dilucidar la situación constitucional y legal de dichos derechos; consecuentemente, no se puede amparar derechos sujetos a una controversia judicial tendiente a su reconocimiento o desconocimiento a favor de las partes en los procesos judiciales.
En el caso presente, dado que se otorgará amparo constitucional por vulneración a los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica, y por tanto se dejará sin efecto la Resolución de 18 de enero de 2006, los derechos a la propiedad privada y al trabajo del mandante del recurrente quedarán pendientes de resolución, siendo las autoridades que deben reponer la Resolución de 18 de enero de 2006 y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 20 de mayo de 2005, a quienes les corresponde resolver la situación de los referidos derechos.
- recurso de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- 1)
- a)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, excepto, en los casos en los que resulta evidente que la prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador o cuando la valoración realizada es arbitraria e irrazonable y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, originando como lógica consecuencia la lesión a derechos y garantías fundamentales,
- término las autoridades judiciales de la justicia ordinaria, deben otorgar a los litigantes la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, por ello les corresponde apreciar y valorar de la manera más certera posible el material probatorio que consta dentro del proceso, sobre la base del cual formará convicción y fundará su decisión, inspirándose en los principios de la sana crítica; esa atribución de las autoridades de la jurisdicción ordinaria de valoración de la prueba, no puede ser revisada ni desconocida por esta jurisdicción constitucional,
- III.2.
- III.3.
- III.4.
- III.5.
- la aplicación del principio de vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la regla de la analogía, vale decir que los supuestos fácticos de la problemática resuelta mediante la sentencia constitucional en la que se crea la jurisprudencia sean análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse mediante la sentencia en la que se aplicará la jurisprudencia o el precedente obligatorio, desde otra perspectiva, cuando no existe la concurrencia de la analogía entre los supuestos fácticos no puede exigirse la aplicación de la jurisprudencia o el precedente obligatorio