SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0251/2007-R

Teniendo en cuenta que mediante la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, este Tribunal ya moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, corresponde señalar que la estabilidad laboral de la que gozan las personas discapacitadas tanto en las instituciones públicas y privadas se encuentra prevista por la Ley de la Persona con Discapacidad, normativa que, en el Capítulo Tercero, bajo el título “De los Derechos”, en el art. 5 señala que las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, otras disposiciones legales y de los beneficios que establece la presente Ley; estableciendo por su parte el DS 27477 de 6 de mayo de 2004 en el art. 1 el objeto de su promulgación al señalar: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)”. A su vez el art. 3 inc. c) del mismo Decreto Supremo, bajo el rótulo “principio de estabilidad laboral” señala que: “las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno”; y finalmente, el art. 5.I de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley.

Bajo el contexto legal señalado, las SSCC 0988/2006-R y 0051/2007-R, ésta última refiriéndose a una situación de similares características de despido a una persona con discapacidad, que agradeció sus servicios arguyendo razones de mejor servicio y reestructuración administrativa, efectuó el siguiente razonamiento. “En ese marco, de las normas precedentemente señaladas se infiere que, el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente con discapacidad de ese trabajador o funcionario, garantiza su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada al derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales. En ese contexto y con relación a los trabajadores o funcionarios discapacitados sin previo proceso, este Tribunal en la SC 1422/2004-R, señaló que éste -el Tribunal Constitucional- "abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado".