SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0398/2007-R

III.1. El recurso de amparo constitucional ha sido instituido por el art. 19 de la CPE, como un recurso extraordinario que otorga su protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para dicha protección.

De lo anotado se establece que uno de los requisitos esenciales del amparo constitucional y que hace a su naturaleza jurídica es precisamente la subsidiariedad en la protección que se pretende, pues la tutela que brinda este recurso está referida a los casos en que fueron agotados previamente los medios que la ley otorga para tal objeto, sea en la vía judicial o administrativa, ya que el amparo no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, lo que desnaturalizaría su esencia.

En ese entendido este Tribunal ha establecido de manera precisa el ámbito de protección del recurso de amparo constitucional, al señalar en la SC 0880/2002-R de 26 de julio que: “(...) por previsión del art. 19.IV de la Constitución y 94 de la Ley 1836, el recurso de amparo es una garantía constitucional instituida para otorgar tutela y reparación inmediata ante la acusación de un acto ilegal u omisión indebida que amenace, restrinja o suprima un derecho o garantía constitucional.

Que, en atención a ello, y siguiendo estrictamente los preceptos citados, la persona que se considere agraviada en cualesquiera de sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, las Leyes de la República como los Tratados o convenios internacionales incorporados a nuestra legislación, debe plantear su demanda denunciando la vulneración de los mismos de la manera más rápida (...)”.