SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0668/2007-R

El recurrente alega que se vulneraron los derechos de su mandante a la igualdad, al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica, a la petición, a la defensa y la garantía del debido proceso, al indicar que Ana María Muriel Arano inició un proceso ejecutivo en contra de su representado en el Juzgado Décimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santa Cruz, efectuando la citación con el Auto intimatorio y la notificación con la Sentencia al ejecutado a través de edictos, omitiendo el Oficial de Diligencias visitar el domicilio señalado en la demanda e informar como lo determina el art. 121 del CPC, por lo que interpuso incidente de nulidad contra dichas actuaciones que fue rechazado por el Juez de la causa mediante Auto de 23 de septiembre de 2005, argumentando que el ejecutado desde el 29 de octubre de 2000 no tenía residencia en el país, que al ser apelada mereció la Resolución de los Vocales correcurridos confirmando el fallo del a quo. Corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del representado del recurrentes, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.