SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1811/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega que las autoridades recurridas, ahora demandadas, hubiesen vulnerado los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y a la garantía del debido proceso, toda vez que en mérito a la anulación de obrados dispuesta por el Tribunal superior dentro del proceso administrativo instaurado en su contra; se llevó a cabo la audiencia en la que el acusado, ahora accionante, presentó el certificado médico de 27 de enero de 2005, otorgado por el Dr. Raúl Javier Marca Quispe, así como su declaración testifical que justificaba la inasistencia a su fuente laboral de algunos días del mismo mes y año, pero a su turno, el Fiscal Policial acusador, se ratificó en la pruebas ofrecidas que se encuentran adjuntas al requerimiento de acusación de 15 de diciembre de 2006, salvo las instrumentales de fs. 141 y 142 que son de fechas posteriores a la señalada, acto ilegal, ya que el referido requerimiento de acusación no ofrece como pruebas éstas últimas, por tanto, no se podía ratificar lo que nunca se ofreció; de esta forma, el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, mediante RA 14/08, resuelve disponer la baja definitiva del accionante sin derecho a reincorporarse; determinación que es apelada ante el Tribunal Superior, mereciendo la Resolución 274/2008, que confirma la Resolución apelada. Corresponde analizar, si en el presente caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.