SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2006/2010-R

La recurrente, ahora accionante, alega que las autoridades judiciales demandadas, vulneraron sus derechos a la “seguridad jurídica” y al debido proceso, por cuanto en el fenecido proceso penal que siguió, por los delitos de estafa y estelionato, que se sustanció en todas sus instancias y en cuyo transcurso el querellado de acuerdo a las disposiciones contenidas en el antiguo CPP72, solicitó libertad provisional que le fue concedida, misma que caucionada,  se apersonaron Alex Brunn Aguilera y Mary Ruth Gil y firmaron el acta de asentimiento de fiadores con el inmueble de su propiedad, por lo que, finalizado el proceso penal, demandó la calificación de la responsabilidad civil, que en efecto fue calificada mediante sentencia y confirmada en apelación. Es así, que su persona, como parte civil solicitó la hipoteca del bien inmueble, para sus posterior remate; empero, los fiadores solicitaron el desembargo del inmueble y cancelación de la anotación preventiva, que fue rechazada por el Juez de la causa, contra la que interpusieron recurso de apelación, instancia en la cual, los Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 31 de marzo de 2008, revocaron el Auto apelado disponiendo la cancelación de la anotación preventiva, dejando a su persona como víctima,  desprotegida  de la reparación civil, al aplicar el CPP, sin tener presente que era aplicable el CPP72 En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes y si corresponde otorgar o denegar la tutela solicitada.