SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2035/2010-R

Ambos principios se encuentran íntimamente relacionados, pues, a través del principio de economía procesal, se busca la celeridad en la solución de los litigios para impartir pronta y cumplida justicia.  En ese sentido, la                SC 0400/2005-R 19 de abril, señaló que el: “…principio de economía procesal que tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia”. En el mismo sentido, la  SC 0803/2005-R de 19 de julio.

Actualmente, la Constitución Política del Estado, en el art. 178, establece los principios de la potestad de impartir justicia: “…independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.

Conforme a dicho principio, la administración de justicia, en las diferentes jurisdicciones y en la justicia constitucional, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías constitucionales. Dicho principio está reconocido en los arts. 3.7 en la Ley del Órgano Judicial, Ley 0025, y en el 3.11 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ley 0027, que si bien aún no se encuentra vigente, sirve como criterio de orientación.

Además del principio anotado, el art. 180 de la CPE, hace referencia a los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; principios que no son únicamente aplicables a la jurisdicción ordinaria, sino también a otras jurisdicciones como la indígena originaria campesina, la agroambiental y también, claro está, a la justicia constitucional.

En mérito a dichos principios, no corresponde que el Tribunal Constitucional, en el caso concreto, revise la Resolución pronunciada por el Tribunal de garantías; pues la argumentación y el análisis que efectuaría este Tribunal no tendría mayor relevancia ni eficacia práctica en el caso concreto, debido a que, como se tiene dicho, el actual representado de la accionante ha fallecido y, en consecuencia, se ha extinguido la acción penal seguida en su contra. A ello debe agregarse que las supuestas lesiones a los derechos del referido representado ya fueron reparadas  en su momento por el Tribunal de amparo constitucional, que concedió la tutela.