SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2120/2010-R

Dentro del proceso divorcio seguido por Trinidad Jenny Espinoza Mamani contra Braulio Camata Martínez, alegando la vulneración del derecho a la libertad, la actora solicitó la liquidación de pensiones devengadas por concepto de asistencia familiar, misma que fue notificada cedulariamente al demandado el 14 de mayo de 2008 y posteriormente, a petición de parte, librado el mandamiento de apremio, conminando al pago de Bs11 200.-, sin verificarse el cumplimiento de las formalidades previas de la diligencia referida, que debió practicarse personalmente. Estos hechos ilegales -a decir del recurrente-, concluyeron en la reclusión de su representado y hermano, Braulio Camata Martínez, en la cárcel de San Antonio, desde el 16 de julio de ese año; motivando, en consecuencia, solicitar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, que fue rechazada mediante el Auto de 18 de septiembre de 2008, pronunciado por el Juez Sexto de Partido de Familia en suplencia legal de la Jueza de la causa, argumentando la legalidad de la diligencia de notificación cuestionada. En consecuencia, corresponde, dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del representado del recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.