SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2165/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega la supuesta vulneración de sus derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la defensa, por cuanto el vehículo en el que transportaba mercadería para su comercialización, fue ilegalmente detenido y luego remitido a dependencias de Zona Franca Cobija, donde le exigieron presentar las pólizas de internación, sin tomar en cuenta que no se estaba internando productos, puesto que los hubo adquirido en territorio nacional conforme evidenciaban las facturas presentadas; sin embargo, proceden a la incautación inclusive del vehículo, impidiéndole de esta forma continuar con su trabajo y dedicarse al comercio perjudicándole el uso de su propiedad privada y agraviando sus intereses por cuanto la Aduana Nacional no inició dentro del plazo legal acción administrativa u otra dejándolo en “absoluta inseguridad jurídica y sin tener a donde acudir” (sic). En consecuencia, en revisión, corresponde determinar si cuanto se afirma, constituye o no un acto ilegal y lesivo del derecho y garantía referidos, a fin de ratificar la decisión adoptada por el Tribunal de garantías, respecto a la tutela solicitada.