SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2350/2010-R

Los recurrentes, ahora accionantes, alegan que se han vulnerado sus derechos a la “seguridad jurídica”, a la defensa y a la garantía del debido proceso, por cuanto dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de delitos relacionados con la Ley 1008; luego de transcurridos los seis meses de duración de la etapa preparatoria, la Fiscal de Materia, presentó ampliación de la imputación contra una tercera persona y ampliación de la etapa preparatoria, la que fue dispuesta por el Juez ahora demandado, otorgando un plazo adicional de otros seis meses de duración de la etapa preparatoria sin notificarlos previamente con dicha solicitud; empero, si se cumplió dicha diligencia con el Auto ampliatorio por tablero judicial; ilegalidad ante la cual, suscitaron incidente de nulidad de ampliación, que fue rechazado por la autoridad jurisdiccional. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes y si corresponde otorgar o denegar la tutela solicitada.