SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2385/2010-R

          Lo cual significa que en el presente caso, ante la denegatoria de tutela no correspondía suspender el desarrollo del proceso penal de referencia. A lo que se añade que tampoco existió una medida cautelar propiamente, la cual además exige un debido análisis y fundamentación, pues por el efecto el Juez o Tribunal de garantías debe ser responsable al asumir dicha determinación, como en este caso, la suspensión de un proceso. Así la citada SC 595/2010-R de 12 de julio, sobre este punto añadió que: “La ley procesal constitucional permite la medida cautelar en las acciones tutelares a momento de la admisión y aún en los casos en que la causa se encuentre en grado de revisión ante este Tribunal, antes de la emisión de la respectiva Sentencia Constitucional. Cuando ésta medida sea solicitada ante las autoridades que actúan como jueces constitucionales para el caso concreto, y dispongan la misma a momento de la admisión, deben tener presente que no es de manera discrecional o imperativa, sino, deben analizar si corresponde o no, y según los requisitos y las circunstancias del caso concreto, deben pronunciarse de manera fundamentada, y una vez instalada y desarrollada la audiencia de consideración de la acción de tutela a momento de emitir la respectiva Sentencia o Resolución, en consideración al fallo, deben pronunciarse si se deja sin efecto o se mantiene la misma; pues en caso de denegarse la tutela y de fijarse o mantenerse vigente una medida cautelar, la misma según lo que disponga, tiene un efecto jurídico en el proceso judicial o administrativo de donde emerge la acción tutelar. De ahí la alta responsabilidad de estas autoridades, puesto que una errada apreciación y decisión puede provocar daños y distorsionar el uso de las mismas” (las negrillas son nuestras). Aspecto que tampoco fue considerado, dado que como se tiene explicado esa decisión no corresponde a una medida cautelar.