SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2392/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega que se han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía al debido proceso, toda vez que dentro del proceso investigativo iniciado a consecuencia de una colisión de vehículos, el Fiscal de Materia asignado al caso, requirió al IDIF, la participación de un perito en accidentología vial, que en efecto fue designado, prestó juramento, se señalaron los puntos de pericia y dictó su dictamen pericial, actuaciones con las que no fue notificado, impidiéndole de esta manera pueda recusar a dicho profesional, proponer puntos de pericia y objetar el dictamen pericial que constituyó prueba elemental, par ser imputado formalmente por el Ministerio Público, hechos por los cuales, viendo afectados sus derechos, suscitó incidente de nulidad por defectos absolutos, que fue rechazada por el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes, para otorgar o denegar la tutela solicitada.