SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2629/2010-R

Concluida la audiencia, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 111/2008 de 18 de noviembre, por la que denegó el recurso de amparo constitucional, sin lugar a costas ni multas, bajo los siguientes fundamentos: 1) El art. 101 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el ejercicio del defensor en un proceso es incompatible cuando éste hubiere sido testigo del hecho o participado en él, debiendo el juez o tribunal disponer de oficio o, a petición de parte, la separación del defensor; 2) El Tribunal de amparo carece de facultades para determinar si el recurrente, en la controversia penal aludida, tiene o puede tener la calidad de testigo, o si el posible conocimiento que tiene sobre los hechos que se investigan, deriva de la información otorgada por su cliente, en cuyo caso, ello corresponde al secreto profesional, aspectos que deben ser dilucidados en primera instancia por el Ministerio Público y luego por la Jueza que controla la investigación, en la forma determinada por el art. 101 del CPP; 3) El resultado para determinar si el recurrente es “testigo” o su accionar corresponde al “secreto profesional”, se obtendrá de su declaración ante el Ministerio Público, razón por la cual ese llamamiento  no constituye un acto ilegal que amerite la concesión de la tutela; y, 4) El art. 94 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), establece que el elemento esencial para configurar la procedencia del recurso es el acto ilegal o la omisión indebida, en el presente caso, todavía no se ha configurado el acto indebido que se alega, puesto que faltan actuaciones posteriores que tienen que ser desarrolladas ante el Juez que conoce la causa.