SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2635/2010-R

Su empresa unipersonal se presentó al proceso de contratación menor por comparación de precios, expedido por el Gobierno Municipal de La Paz; adjuntando todos los documentos, así como la propuesta técnica y económica exigidos en sobre cerrado y dentro del término establecido. En virtud a ello, fue notificada con la adjudicación de la confección de prendas de vestir según nota de adjudicación y la orden de compra OC-158/07, ambas de 30 de julio de 2007; sin embargo, pese a la comunicación oficial de la adjudicación, se le notificó posteriormente con la anulación del proceso “sin fundamento legal alguno” (sic), vulnerando la Resolución Municipal 0034, que determina claramente la aplicación del Decreto Supremo (DS) 27328 de 31 de enero de 2004 en su art. 12, para la cancelación del proceso de contratación.

Ante esa situación, interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa (RA) 21/2008, mismo que mediante la RA 26/2008, fue rechazado, y en consecuencia ameritó la presentación del recurso jerárquico de su parte; que también fue rechazado a través de la RA 42/2008; agotando de esa forma la vía administrativa.

Señala finalmente, que todos estos actos vulneran sus derechos y garantías constitucionales, al haber anulado el proceso de contratación de forma posterior a la nota de adjudicación y orden de trabajo; se lesionó el debido proceso y “la seguridad jurídica”;  y se vulneró su derecho al trabajo, al comercio, la industria y a cualquier actividad lícita; dado que  al existir la orden de compra, los productos textiles ya fueron confeccionados con los signos distintivos encargados, por lo que su comercialización para cualquier otro fin es imposible.