SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2635/2010-R

La recurrente, alega la vulneración de sus derechos a la “seguridad jurídica”, al trabajo, a dedicarse al comercio, la industria y cualquier actividad lícita, y al debido proceso, puesto que luego de ser notificada con la adjudicación de la licitación ADB-778-2007, y habiendo confeccionado y bordado los productos (prendas de vestir) objeto de la licitación, la autoridad recurrida decidió anular el proceso de contratación en base a una denuncia, de otra de las empresas proponentes por supuestos actos irregulares, pese a que el contrato (orden de compra) ya se encontraba suscrito, y los productos ya habían sido confeccionados, vulnerando además la aplicación del art. 12 del DS 27238, para la cancelación del proceso de contratación; aclarando que de su parte agotó la vía administrativa. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales de la recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.