SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2661/2010-R
Fecha: 06-Dic-2010
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2661/2010-R
Sucre, 6 de diciembre de 2010
Expediente: 2008-19048-39-RAC
Distrito: La Paz
Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
En revisión la Resolución 82/2008 de 17 de diciembre, cursante de fs. 184 a 185, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, interpuesto por Gerardo Torrez Antezana contra Julio Vargas León y Mercedes García Luzio, representantes de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP)"Futuro de Bolivia" S. A., alegando la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la “seguridad jurídica” y a formular peticiones, citando al efecto los arts. 6.II, 7 incs. a) y h) y 8 incs. a) y h) de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido del recurso
I.1.1. Hechos que motivan el recurso
En el memorial presentado el 8 de diciembre de 2008, cursante de fs. 66 a 70, el recurrente aduce que desde el mes de julio de 1999, fecha en la que fue posesionado como Vocal de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial a través del Departamento Financiero, comenzó a descontarle el 12.5% de su haber mensual, equivalente a Bs.1500.- (mil quinientos bolivianos), siendo en este caso la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., la encargada de administrar estos aportes.
Agrega que, ese descuento se prolongó por nueve años, añadiendo aportes que le fueron descontados durante el periodo que fungió como Asesor en el Poder Legislativo con anterioridad a 1999, ascendiendo el fondo de su cuenta individual que es administrada por la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., a un total de Bs232 582,43.- (doscientos treinta y dos mil quinientos ochenta y dos 43/100 bolivianos), sin contar intereses; es así, que el 24 de agosto de 2007, comunicó al Consejo de la Judicatura que no se acogería al trámite de jubilación o renta de vejez, por estar ya jubilado en el régimen y sistema de jubilación de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL); a partir de ese momento, se suspendieron todos los descuentos destinados a ese fin.
Finaliza señalando que, como único propietario de los aportes administrados por la AFP “Futuro de Bolivia” S.A. y en uso de sus derechos, solicitó a esa entidad la devolución de sus aportes por ser éstos propios, legítimos y de origen legal; empero, los recurridos pretendieron confundir su solicitud con un supuesto trámite de retiros mínimos en cuotas mensuales por el plazo de dos años, pretensión que el recurrente rechazó en reiteradas oportunidades, dado que requiere un retiro total, global y definitivo, al tratarse de dineros que serían utilizados para su atención medica y que su negatoria se convertiría en una retención arbitraria, ilegal e injustificada; sin embargo, el ultimo rechazo fue “…mediante nota oficial de la entidad administradora GR.LP. SC 4179/2008 de 26 de agosto…” (sic), siempre con las mismas ilegales argumentaciones, hecho que motivó a que tenga que recurrir a préstamos de dinero, que sobrepasan los Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos); solicitando de la misma manera el pago de daños y perjuicios.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El recurrente, alega la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la “seguridad jurídica” y a formular peticiones, citando al efecto los arts. 6.II, 7 incs. a) y h) y 8 incs. a) y h) de la CPEabrg.
I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
De acuerdo a lo expuesto, el recurrente plantea recurso de amparo constitucional contra Julio Vargas León y Mercedes García Luzio representantes de la AFP "Futuro de Bolivia" S.A.; solicitando se declare procedente el mismo y se disponga: a) La devolución total y global de sus aportes; b) La entrega y pago de los intereses que dicha suma ha percibido, durante la administración de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A.; y, c) El pago de daños y perjuicios ocasionados por la no devolución oportuna de sus aportes.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Efectuada la audiencia pública, el 17 de diciembre de 2008, con la presencia del recurrente, la autoridad recurrida, Mercedes García Luzio y el apoderado legal de la autoridad recurrida Hugo Via Escalante en representación de Julio Vargas León y el Ministerio Publico, conforme consta del acta cursante de 180 a 183, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación del recurso
El abogado del recurrente, ratificó íntegramente el contenido de la demanda.
Asimismo, en réplica señaló que, se trata de confundir un trámite de retiros mínimos con una devolución total de aportes, pues los retiros mínimos es un tratamiento que se otorga a los que están tramitando una pensión, una renta de vejez y que por diversas circunstancias pretenden o quieren retirar temporalmente cantidades parciales mínimas; pero, en el caso, al ya tener una jubilación, la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., está haciendo una retención indebida de esos dineros; respecto a la subsidiariedad, los recurridos tienen la atribución y la obligación de atender y resolver todos los problemas que susciten en el manejo administrativo de las pensiones y que cuando no se ha logrado la subsidiariedad, se aplica la inmediatez.
I.2.2. Informe de las autoridades recurridas
Hugo Via Escalante, abogado representante de los recurridos Julio Vargas León y Mercedes García Luzio, representantes legales de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A. presentó informe cursante de fs. 176 a 179 vta., argumentando lo siguiente: 1) El recurso de amparo debió ser rechazado in límine, ya que existe omisión de un requisito de admisibilidad como es la observación del principio de subsidiariedad; 2) La empresa es una sociedad anónima y no una autoridad pública, por lo que sus actuaciones no pueden ser consideradas actos administrativos y mucho menos se puede interponer recursos de revocatoria y jerárquico contra ellos; 3)La empresa, al ser un operador en el mercado de pensiones, se encuentra regulada por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, institución pública que sí emite actos administrativos, lo correcto sería que en primera instancia, el recurrente hubiera dirigido su solicitud ante ese órgano regulador; 4) El recurrente puede solicitar la devolución de sus aportes a través de retiros mínimos, no existiendo en la norma la posibilidad del pago global que solicita; 5) No es aplicable el art. 8 del Decreto Supremo (DS) 29423 de 16 de enero de 2008, siendo únicamente aplicable para trabajadores estacionales e independientes; y, 6) No existe vulneración de derechos constitucionales, pues cuenta con seguro de largo y corto plazo; respecto a la petición, sus comunicaciones siempre fueron respondidas.
En duplica el abogado apoderado de los recurridos, manifestó que respecto a la inmediatez mencionada, el recurrente ha rechazado los retiros mínimos en diciembre de 2007, y al haber pasado casi un año de ello, cómo puede alegar inmediatez, careciendo de sustento lo alegado, y con relación a los retiros mínimos no es un tema de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., es una decisión de la norma de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros que estableció todo un marco normativo para ello.
I.2.3. Intervención del Ministerio Público
El representante del Ministerio Público manifestó que es evidente que el recurrente ha sufrido una clara vulneración a sus derechos a la vida, a la salud y a la “seguridad jurídica”, así como a la dignidad, al habérsele negado sin fundamento alguno el retiro global de los aportes, efectuados a esta institución, por lo que requiere se disponga la devolución global de los aportes efectuados por el recurrente a la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., así como se considere el resarcimiento de los daños y prejuicios.
I.2.4. Resolución
La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 82/2008 de 17 de diciembre, cursante de fs. 184 a 185, por la que “denegó” el recurso de amparo constitucional, con el siguiente argumento: a) La AFP “Futuro de Bolivia” S.A, recurrida, es una entidad de orden privado, que no puede conocer ni resolver recursos de revocatoria o jerárquico, planteados contra una resolución administrativa, que pudiera dictar en contra de sus afiliados; correspondiendo en ese caso al perjudicado interponer ante la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros; b) El recurrente al plantear recursos de revocatoria y jerárquico ante la institución y no así ante la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, equivocó la vía procesal administrativa, tal como acredita la nota SPVS/IP/DPC/3124/2008 de 17 de diciembre, del Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros; y, c) La aplicación del principio de subsidiariedad, impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo del recurso.
I.3.Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
Ante la renuncia de todos los Magistrados del Tribunal Constitucional, y en ausencia del quórum necesario, las causas pendientes de resolución por parte de esta institución, quedaron en espera hasta la designación de nuevos Magistrados.
En atención a la designación de las nuevas autoridades, en el marco de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, el Pleno, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, definió el reinicio de los cómputos, disponiendo se proceda a nuevo sorteo, habiéndose realizado tal actuado procesal en la presente causa, el 12 de octubre de 2010; en consecuencia, la presente Resolución se pronuncia dentro de plazo.
II. CONCLUSIONES
Realizada la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se establecen las siguientes conclusiones:
II.1. El recurrente mediante carta notariada de 14 de diciembre de 2007, dirigida a Mercedes García Luzio, Gerente Regional La Paz de AFPs Futuro Bolivia, solicito la devolución de sus aportes propios en su totalidad y que fueron descontados por el Consejo de la Judicatura (fs. 10), dicho pedido fue reiterado mediante nota de 4 de marzo de 2008 (fs. 13)
II.2. Por nota GR.LP.SC 1250/2008 de 13 de marzo, Mercedes García Luzio, Gerente Regional La Paz de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., comunicó al recurrente, no poder atender su requerimiento de pago global, debido a que no existe un marco normativo que así lo permita (fs. 14).
II.3. Mediante nota de 18 de abril de 2008, dirigido a Mercedes García Luzio, Gerente Regional La Paz de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., el recurrente solicitó “…respuesta consiguiente, disponiendo la devolución de (sus) aportes” (sic) (fs. 21).
II.4. Por memorial de 28 de abril de 2008, presentado ante la Gerente Regional La Paz de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., el recurrente solicitó revocatoria de la nota mediante la cual se hace saber el rechazo a su solicitud de devolución de aportes (fs. 22 a 23).
II.5. A través de memorial de 3 de julio de 2008, presentado ante la Gerente Regional La Paz de AFPs Futuro Bolivia, el recurrente nuevamente solicita devolución de aportes y da a conocer perjuicios en la demora sobre devolución de depósitos (aportes) y daños ocasionados (fs. 25); asimismo, mediante memoriales de 7 y 15 de agosto, reitera solicitud de devolución de aportes (fs. 37 y 38 y vta.).
II.6. Por nota GR.LP. SC 4179/2008 de 26 de agosto, Mercedes García Luzio, Gerente Regional La Paz de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., comunicó al recurrente no poder atender su requerimiento de pago global, debido a que no existe un marco normativo que así lo permita (fs. 39).
II.7. El recurrente interpone Recurso de revocatoria, ante la Gerente Regional La Paz de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., mediante memorial de 29 de agosto de 2008 (fs. 48 y vta.), e insiste en la revocatoria, por memorial de 3 de septiembre de 2008 (fs. 49).
II.8. El 24 de octubre de 2008, el recurrente interpone recurso jerárquico ante la Gerente Regional La Paz de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A. (fs. 62 a 63).
II.9. El Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros a.i., mediante carta dirigida al Gerente General de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., dio a conocer que la Intendencia de Pensiones, no cuenta con registro de la interposición del recurso de revocatoria o recurso Jerárquico, presentado por Gerardo Torrez Antezana (fs. 81 a 83).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El recurrente, ahora accionante, alega la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la “seguridad jurídica” y a formular peticiones; como único propietario de los aportes administrados por la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., solicitó a esa entidad la devolución total de éstos, por ya estar jubilado de COSSMIL; empero, los recurridos, ahora demandados, pretendieron confundir su solicitud con un supuesto trámite de retiros mínimos en cuotas mensuales por el plazo de dos años, pretensión que el accionante rechazó en reiteradas oportunidades, dado que requiere un retiro total, global y definitivo, al tratarse de dineros propios que serían utilizados para su atención medica; sin embargo, el ultimo rechazo fue “…mediante nota oficial de la entidad administradora GR.LP. SC 4179/2008 de 26 de agosto…”(sic). Corresponde en revisión, analizar si en este caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.
III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
Cuando una Constitución es reformada o sustituida por una nueva, la Constitución en sí, mantiene su naturaleza jurídica, toda vez que ontológicamente sigue siendo la misma norma -fundamental y suprema dentro de un Estado- y, precisamente por su especial y exclusiva naturaleza jurídica, su operatividad en el tiempo no es igual que de las normas ordinarias, de manera que la Constitución Política del Estado y sus disposiciones, a partir de su promulgación el 7 de febrero de 2009, se constituye en la Ley Fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico del nuevo Estado boliviano, acogiendo en su contexto valores y principios propios de la realidad sobre la cual se cimienta la convivencia social en un Estado Social y Democrático de Derecho; en consecuencia, todas las normas inferiores deben adecuarse a lo prescrito por ella (art. 410.II de la Constitución Política del Estado vigente [CPE]), pudiendo inclusive, operar hacia el pasado, por cuanto su ubicación en la cúspide del ordenamiento jurídico implica que es éste el que tiene que adecuarse a aquélla, pues sus preceptos deben ser aplicados en forma inmediata, salvo que la propia Constitución disponga otra cosa, en resguardo de una aplicación ordenada y de los principios constitucionales.
En este sentido, el art. 410.II de la CPE, establece la supremacía de la Constitución Política del Estado y el art. 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, (PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y VIGENCIA DE LAS LEYES), determina: “Las competencias y funciones de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Agrario Nacional y del Ministerio Público se regirán por la Constitución Política del Estado y por las leyes respectivas…”.
Por consiguiente, considerando que la Constitución vigente, ha abrogado la Constitución Política del Estado de 1967 y sus reformas posteriores, y que la Disposición Final de la misma establece: “Esta Constitución aprobada en referéndum por el pueblo boliviano entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial”, tomando en cuenta la primacía de la Constitución, la presente Sentencia, pronunciada en vigencia de la nueva Ley Suprema, resuelve el caso concreto a la luz de las normas constitucionales actuales, sin dejar de mencionar las invocadas por el accionante al momento de plantear el recurso.
III.2. Términos en la presente acción tutelar
La Constitución Política del Estado dentro de las acciones de defensa de derechos fundamentales, en el art. 128 prevé la acción de amparo constitucional, en cuyo procedimiento en el art. 129.III establece que: “La autoridad o persona demandada, será citada en la forma prevista para la Acción de Libertad….”, luego en el parágrafo IV añade que: “La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a la falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado…” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Por su parte, la Ley del Tribunal Constitucional si bien en el art. 97.I y II refiriéndose a la personería de quien interpone esta acción tutelar lo señala como “recurrente”, y contra quien se dirige lo denomina parte “recurrida”; empero, es coincidente en lo referente a la forma de resolución, cuando en el art. 102.I establece que: “La resolución concederá o denegará el amparo…” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
En consecuencia, la terminología a utilizarse para referirse a la persona que interpone esta acción tutelar será “accionante” y con relación a la autoridad o persona contra quien se dirige esta acción corresponderá el término “demandado (a)”. Asimismo, en cuanto a la terminología con referencia la parte dispositiva, en caso de otorgar la tutela se utilizará el término “conceder” y en caso contrario “denegar” la tutela.
En los casos en que no se ingresa al análisis de fondo, cabe señalar que si bien de conformidad a lo establecido por la SC 0505/2005-R de 10 de mayo y AC 0107/2006-RCA de 7 de abril, la Comisión de Admisión revisa las acciones de amparo que hubiesen sido declaradas “improcedentes” o “rechazadas” por los tribunales de garantías, existen casos en los que pese a ser admitida la acción tutelar, haberse llevado a cabo la audiencia y emitido resolución, una vez elevada la causa, en revisión ante este Tribunal, en forma posterior al sorteo, el Pleno advierte que no es posible ingresar al análisis de fondo, sea por una de las causales previstas por el art. 96 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), incumplimiento evidente al principio de subsidiariedad, extemporaneidad de la acción, u otro motivo, como el incumplimiento de los requisitos de admisión previstos por el art. 97 del mismo cuerpo legal. Al respecto, este Tribunal en las SSCC 0494/2001-R y 0652/2004-R, entre otras, hasta la SC 0820/2007-R de 6 de diciembre, inclusive; indicó que en estos casos corresponde declarar “improcedente” el recurso.
No obstante, en resguardo de la previsión constitucional y a objeto de guardar armonía y no generar confusión con el uso de la terminología propia de la fase de admisión, corresponde en estos casos, “denegar” la tutela solicitada con la aclaración de que “no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada”, dado que el accionante puede nuevamente interponer la acción tutelar, siempre y cuando, cumpla con los requisitos de admisibilidad.
A fin de unificar y armonizar criterios de orden procesal, se deja constancia, que a partir de la SC 0096/2010-R de 4 de mayo, corresponde utilizar la terminología precedentemente explicada, la cual será de carácter vinculante conforme disponen los arts. 4 y 44.I de la LTC, para todas autoridades judiciales que actúen como tribunal de garantías constitucionales, como para este Tribunal.
III.3. El amparo constitucional y su naturaleza subsidiaria
El recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, previsto por el art. 19 de la CPEabrg, ahora denominado acción de amparo constitucional y consagrado en el art. 128 de la CPE, es instituido por la Ley Fundamental como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley.
Este Tribunal, a partir de la SC 0868/2005-R de 27 de julio, dejó establecido que: “…el recurso de amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Atendiendo la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo constitucional, este Tribunal ha establecido de manera uniforme que para pretender la protección que otorga el recurso planteado, el agraviado o quien lo represente, deberá necesariamente agotar todos los medios ordinarios o administrativos ante la autoridad que considere lesionó su derecho o derechos fundamentales, y para el caso de subsistir el acto ilegal u omisión indebida, deberá acudir a las instancias superiores que tengan facultad para hacer cesar la amenaza, restricción o supresión de los derechos y garantías, de modo que sólo cuando se agote dichos medios podrá acudirse a esta jurisdicción en busca de protección, de no ser así, ésta jurisdicción no puede operar como recurso sustitutivo, tampoco puede suplir las omisiones en el no uso oportuno de los mismos, ni se constituye en una instancia más dentro de los procesos ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico”.
Por su parte, a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, extrajo las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas nos corresponden).
III.4. Funciones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros
En ese sentido, debemos aclarar que entre las funciones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, conforme señala el art. 49 de la Ley de Pensiones (LP), entre otros, lo siguiente: a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos, asegurando la correcta aplicación de sus principios, políticas y objetivos; g) Supervisar, inspeccionar y sancionar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otras entidades bajo su jurisdicción, de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos; q) Conocer y resolver de manera fundamentada, los recursos de revocatoria que le sean interpuestos de acuerdo con la presente ley, las normas procesales aplicables y sus reglamentos; y, r) Proponer al Poder Ejecutivo, normas de carácter técnico y dictaminar sobre los reglamentos relativos a su sector.
III.5. Análisis del caso
De la revisión de antecedentes y del memorial de demanda de la presente acción, se evidencia que el accionante como propietario de los aportes administrados por la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., solicitó a esa entidad la devolución total de sus aportes por ya estar jubilado de COSSMIL; empero, los demandados, pretendieron confundir su solicitud con un supuesto trámite de retiros mínimos en cuotas mensuales, por el plazo de dos años, pretensión que el accionante rechazó en reiteradas oportunidades, dado que requiere un retiro total, global y definitivo, al tratarse de dineros propios que serían utilizados para su atención medica; sin embargo, el último rechazo fue “…mediante nota oficial de la entidad administradora GR.LP. SC 4179/2008 de 26 de agosto…” (sic); en consecuencia, se tiene que el accionante efectivamente presentó varias solicitudes para la devolución de sus aportes de manera total o global, ante la Gerente Regional La Paz de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., llegando incluso a interponer recurso de revocatoria y jerárquico; empero, no hizo uso de la vía adecuada correspondiente ante el rechazo de su solicitud por dicha entidad, cual es el de presentar recurso de revocatoria a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, así se ha comprobado mediante la carta SPVS/IP/DPC/3124/2008, dirigida al Gerente General de la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., por la que el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros a.i., dio a conocer que la Intendencia de Pensiones, no cuenta con registro de la interposición de los recursos de revocatoria o jerárquico, por Gerardo Torrez Antezana -accionante- (fs. 81 a 83), precisando que la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros es la autoridad administrativa conforme lo estipula la Ley de Procedimiento Administrativo, indicada para resolver este tipo de acciones.
Por lo señalado, al ser la AFP “Futuro de Bolivia” S.A., una sociedad anónima de objeto social único, encargada de la administración y representación de los fondos de pensiones, constituida de conformidad a la LP y al Código de Comercio conforme lo preceptúa el art. 5 de la Ley de Pensiones, esta sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros; por ende, el accionante ha omitido emplear los mecanismos que la ley prevé para el restablecimiento de sus derechos; circunstancia, que determina que el accionante al no haberse cumplido el principio de la subsidiariedad, acomodó su conducta a la causal de inactivación reglada por el art. 96 inc. 3) de la LTC, siendo aplicable la sub-regla de improcedencia establecida por la SC 1337/2003-R, que establece, cuando: “1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno”.
En consecuencia, del análisis de antecedentes se establece que, el Tribunal de garantías, al denegar la acción planteada, evaluó correctamente los antecedentes y datos del proceso, así como las normas aplicables al mismo.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión, resuelve APROBAR la Resolución 82/2008 de 17 de diciembre, cursante de fs. 184 a 185, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; y en consecuencia, DENIEGA la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.
Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
DECANO
Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA
Fdo. Marco Antonio Baldivieso Jinés
MAGISTARDO