Sentencia: 0121/2010-R

III. De acuerdo al desarrollo normativo nacional e internacional y la doctrina citada, el Tribunal Constitucional, en la SC 377/2003-R de 26 de marzo, señaló que el derecho a la defensa “no es un derecho que concierna al querellante o víctima, sino más bien al imputado asegurándole la posibilidad de todo recurso o medio para defenderse y desvirtuar la acusación presentada en su contra, de modo que podrá presentar y producir cuanta prueba lícita la considere favorable, podrá presentar incidentes, recursos, excepciones y otros, para probar su inocencia. En cambio si bien el querellante o la víctima también puede hacer uso de los recursos, incidentes y otros actos que le permita el procedimiento, no lo hace para asumir defensa sino que está ejerciendo su derecho de accionar para lograr el castigo al supuesto autor del delito, resultando obvio, que cuando esa posibilidad es impedida por la autoridad jurisdiccional a través de algún acto o resolución, no hace más que incurrir en un acto ilegal que suprime el derecho de acceso a la justicia” Criterio que también fue asumido en las SSCC 1044/2003-R y  1054/2006-R, entre otras.