SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0126/2010-R

Señala que sus mandantes son propietarios de lotes de terreno de la extensión superficial cada uno de 400 m², ubicados en la zona de Chacacollo - Pucara, comprensión de Sacaba, los mismos que se hallan debidamente registrados en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.). El derecho propietario que les asiste, ha sido debidamente acreditado ante el Gobierno Municipal de Sacaba, según se puede verificar en varios informes legales emitidos como el “ALA Nº 188/2004 de 10/04/2004, Trámite 180/2003”. Asimismo, adjunta comprobantes de pago de verificación de lote, copia de la Sentencia de amparo constitucional de 27 de octubre de 2005, interpuesto por Edilfredo Torrico Tórrez en representación de Leonardo Torrico Vargas y Cecilia Esther Torrico Vargas de Oviedo contra el Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal, que declara “procedente” e instruye se emitan respuestas a las cartas de queja por la dilación de los trámites administrativos de aprobación de planos. No obstante, la Alcaldía Municipal de Sacaba se ha negado sistemáticamente a aprobar los planos de los dos terrenos, con los argumentos de que estarían afectados por la ampliación de la calle Arco iris; que en la referida calle el perfil no está definido y que en ese afán distraccionista el Director de Ordenamiento Territorial de esa comuna ha realizado tres opciones para resolver el problema; sin embargo, del interés de los mandantes por allanarse a cualquier determinación del Municipio sobre la consolidación definitiva de la calle Arco Iris con la dimensión de 15 m establecida por el Plan Director. En esas circunstancias, mediante Resolución Técnica Administrativa (RTA) 801/2005 de 19 de noviembre, luego de seis años de trámite administrativo de aprobación de plano, el ejecutivo rechazó la solicitud por no hallarse de acuerdo al Reglamento y normas vigentes. Mediante Resolución Municipal 011/1006 de 2 de marzo, emitida por el Concejo Municipal de Sacaba, se confirma -en el recurso jerárquico- la RTA 801/2005, en todas sus partes. No obstante ello, el Municipio procede a la construcción de cordones y cunetas sobre la propiedad privada de sus mandantes destruyendo con maquinaria pesada, estacas y cercos que delimitaban la propiedad haciendo desaparecer el ripio, arena y agregados que los propietarios tenían sobre el terreno para construir sus viviendas, perturbando su pacífica posesión despojándolos de su propiedad, respondiendo a su reclamos que el Concejo Municipal inmediatamente dictaría la ordenanza de expropiación.