SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0192/2010-R

El motivo de la presente acción tutelar de derechos fundamentales es la supuesta ilegal privación de libertad del representado del recurrente, a raíz de la ejecución de un mandamiento de apremio librado por el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la provincia Vaca Diez del Distrito Judicial de Beni, con asiento en Riberalta, indicando que en el proceso laboral que se sigue contra la institución que representa, se cometieron una serie de ilegalidades; lo cual significa que cualquier vicio, irregularidad o ilegalidad procesal que pudiere adolecer el proceso laboral o el mandamiento de apremio, no es responsabilidad de la autoridad demandada, que es distinta y de otro distrito judicial, como lo es la Jueza Cuarta de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Santa Cruz, quien se limitó a cumplir una actuación por comisión, conforme prevén los arts. 236 y ss. de la Ley de Organización Judicial (LOJ), al señalar que los tribunales y juzgados están facultados para comisionar a cualquier autoridad judicial, política o administrativa y aún a personas particulares, la práctica de determinadas diligencias fuera del asiento del juez comitente; debiendo la autoridad comisionada, por prescripción del art. 238 de la indicada Ley, sujetarse a su contenido expreso, pues todo acto distinto constituye usurpación y será nulo.