SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0362/2010-R

En audiencia se dio lectura al informe escrito presentado por los apoderados de los recurridos, en el que manifestaron que el recurrente fue sometido a un proceso sumario informativo militar por la presunta comisión de los delitos de contrabando, abuso de autoridad, presión para acto punible y abuso de fuerza e influencias, sanciones ilegales, maltrato a inferiores, saqueo, exacciones ilegales, y extorsión previstos en los arts. 160,199 inc. 2), 200 inc. 3) y 4), 201, 202, 215, 219 y 225 del CPM, conjuntamente otros dos coprocesados, razón por la que fue puesto a la letra “E”, percibiendo todos sus haberes y gozando sus derechos en forma plena de conformidad al art. 85 inc. c), num. 3) e inc. e) de la LOFA, por casi cuatro años, siendo que lo permitido es solamente de dos años como máximo. Proceso en el que fue declarado culpable, y condenado a tres años de prisión militar. Posteriormente el recurrido se dio a la fuga por más de dos veces, aún violando la libertad provisional concedida por los estrados judiciales.

Asimismo el 16 de mayo de 2002, fue beneficiado por el Tribunal Permanente de Justicia Militar, con la concesión del indulto del resto de la pena, habiendo cumplido hasta ese momento un año y ocho meses de prisión militar. Dicho beneficio, no habilita al recurrente a obtener su rehabilitación, de acuerdo a los alcances del Código Penal Militar (CPM) y conforme a los arts. 112 inc. b) y 89 de la LOFA, los militares que se encuentren en situación de retiro obligatorio, no tendrán derecho al uso de uniforme, no podrán ser reincorporados a las FF.AA., salvo en caso de conflicto internacional.

Por otro lado señalaron que existe falta de legitimación pasiva, ya que el recurso fue presentado contra las personas que forman parte de los Tribunales del Personal; empero, las decisiones asumidas por estos Tribunales son colegiadas, debiendo el presente recurso plantearse contra todos y cada uno de los miembros. En tal sentido solicitaron se declare improcedente el recurso con la condenación de costas y multas, ya que se respetó el derecho al trabajo del recurrente hasta el momento de la ejecución de su sentencia condenatoria, manteniéndose sus derechos sociales vigentes.